El feminicidio en México y la responsabilidad del Estado en su prevención y atención

El feminicidio en México y la responsabilidad del Estado en su prevención y atención

VIOLENCIA-MUJERES

Por: Omaira de Jesús Ochoa Mercado*

La violencia contra las mujeres, materializada desde sus diferentes representaciones, ha sido considerada como un problema de salud pública, en la que las desigualdades históricas en el ejercicio de poder para hombres y mujeres así como la misoginia[1], se develan con claridad indiscutible. Siendo así, estos actos, representan un obstáculo serio en el ejercicio pleno de los Derechos Humanos fundamentales, considerándosele una violación a éstos.

Es una problemática transversal a la que todas las mujeres en todas las latitudes estamos expuestas, independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, religión, raza o etnia, aunque existen factores considerados como de riesgo, que posibilitan la violencia, su intensidad y la misma impunidad.

Con el ejercicio de la violencia contra las mujeres por su condición de género, éstas se enfrentan a diversas manifestaciones y daños ocasionados como consecuencia de estos actos, como menor acceso a recursos, oportunidades, toma de decisiones –públicas y privadas- y acceso a la justicia.

Es así que ésta adquiere diversas expresiones como la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida -la que culmina con el feminicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres-.

El término feminicidio[2] se refiere a los asesinatos de mujeres motivados por el sexismo y la misoginia, porque implican el desprecio y el odio hacia ellas, porque aquellos sienten que tienen el derecho de terminar con sus vidas, o por la suposición de propiedad sobre las mujeres y sus cuerpos.

Los feminicidios son la expresión de la violencia extrema contra las mujeres y niñas. Representa una experiencia de terror continuo, donde figuran humillación, desprecio, maltrato físico y emocional, hostigamiento, violencia sexual, incesto, abandono, entre otras.

El feminicidio muestra que la violencia contra las mujeres es social y generalizada, como resultado de las relaciones de inequidad de género, que no es “natural” y se genera en un contexto social de impunidad que permite la naturalización y reproducción de esa violencia.

En México, el término ha sido trabajado por las Doctoras Marcela Lagarde y de los Ríos y Julia Monárrez Fragoso, esta última, retomando el marco teórico propuesto por Diana Russell afirma que el feminicidio es el resultado de la relación inequitativa entre los géneros; la estructura de poder y el control que tienen los hombres sobre las niñas y mujeres que les permite disponer sobre sus vidas y sus cuerpos, decidiendo ellos el momento de la muerte; los motivos a los que se recurre para justificar el asesinato; los actos violentos que se ejercen en el cuerpo de la víctima; la relación de parentesco entre la víctima y el victimario; los cambios estructurales que se dan en la sociedad; la falta de investigación y procuración de justicia por parte de los aparatos de impartición de justicia; lo que implica necesariamente la responsabilidad y/o complicidad del Estado[3].

Ahora bien, se hace pertinente preguntarse ¿Qué pasa con el feminicidio en México? En nuestro país diversas organizaciones civiles, algunas instancias gubernamentales, comisiones de derechos humanos y el propio poder legislativo han realizado esfuerzos por contar con información y bases de datos que hagan un acercamiento a la problemática y que nos muestren un panorama un poco más claro de la situación de violencia extrema que culmina con la muerte de miles de mujeres en este país.

Dichas investigaciones nos han ofrecido una luz respecto a la situación, muchas de ellas realizadas con esfuerzos significativos y con la firme convicción de contar con información contundente sobre el feminicidio y de esta forma, poder realizar acciones focalizadas y dirigidas para una atención certera que prevenga futuras muertes. Cabe señalar que contar con información sobre el feminicidio y otras expresiones de violencia contra las mujeres es responsabilidad de los gobiernos, federales y locales, carencia que no ha sido atendida.

En este ámbito, el trabajo realizado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que durante años ha realizado un esfuerzo encomiable en la documentación del feminicidio en México, arroja información importante.

De acuerdo al informe ofrecido por el OCNF, que recabó información oficial, de enero de 2010 a junio de 2011[4], en ocho estados de la República 1 235 mujeres fueron víctimas de presuntos feminicidios. De estos 1 235 presuntos feminicidios, 320 sucedieron en el Estado de México, 168 en Sinaloa, 169 en Tamaulipas, 142 en el estado de Jalisco, 138 en Nuevo León, 125 en el Distrito Federal, 102 en Oaxaca y 71 en el estado de Sonora.

De la información que brinda el Observatorio se muestra que el grupo de edad entre los 21 a 40 años es el que presenta la mayor incidencia de violencia feminicida, con 530 víctimas (43%), seguida por las mayores de 40 años, con 294 homicidios (24%), y las niñas y jóvenes menores de 20 años, con 285 víctimas (23%). Es de destacar que las mujeres jóvenes y en edad reproductiva son las más afectadas.

Así también se afirma en dicho documento que una de cada cuatro mujeres murió como consecuencia de un disparo de arma de fuego -314 casos (26%)-, mientras que un poco menos de la mitad -522 víctimas (43%)- perdió la vida como consecuencia de actos que implican el uso excesivo de la fuerza y las agresiones físicas, tales como la asfixia, las heridas punzo cortantes y el traumatismo craneoencefálico.

En los 380 casos que fue posible contar con información relativa a las motivaciones para asesinar a la víctima, las identificadas con mayor incidencia son que en 97 víctimas fueron los problemas familiares y de pareja; 57 casos por celotipia y 39 casos por misoginia.

Asimismo, la investigación mostró que en los 553 casos en los que se encontró información sobre la relación de la víctima con el homicida, en la mayoría de ellos se refiere a asesinatos cometidos por personas con quienes las niñas y mujeres tenían una relación, como la pareja -246 víctimas-, algún familiar cercano -120 víctimas- o un conocido, vecino o integrante de la familia política -94 casos-.

Uno de los pendientes más preocupantes en las violaciones a los derechos humanos es el acceso a la justicia para las víctimas ya que muchos de los casos no son investigados con la debida diligencia, lo cual, implica graves consecuencias para las familias que buscan justicia por los asesinatos de esas mujeres respecto la negación del derecho a la verdad.

El informe del OCNF nos muestra que las autoridades declaran que el 25% de los casos documentados son adjudicados al crimen organizado, ejecuciones y enfrentamientos entre grupos delincuenciales, en el 23% las autoridades desconocen los motivos de estos crímenes, en el 40% (493 casos) la autoridad niega la información sobre esta variable fundamental y en un 9% (111 casos) se manifiesta que los motivos tienen que ver con un problema con la pareja o algún familia; en el 34% de los casos, las autoridades manifestaron conocer los motivos del asesinato.

En cuanto al estatus  legal de los casos el OCNF nos dice que las autoridades informaron que de los 1 235  casos de mujeres asesinadas el 60% se encuentran en trámite y tan sólo un 19% de éstos han sido  consignados por la autoridad competente. Es importante destacar que solamente  un 4% de los casos han sido sentenciados pero se desconoce si son sentencias condenatorias o absolutorias.

Una problemática ligada al feminicidio, es la desaparición de mujeres, también el OCNF ha realizado documentación de casos al respecto, en donde se muestra que es Veracruz la entidad con la mayor prevalencia de mujeres desaparecidas con 19 mujeres por cada 100 000 mujeres en su entidad, seguida por Quintana Roo con 17, Nuevo León con 16 y Chihuahua con 14.

En el 2011, el estado de Chihuahua tuvo la mayor prevalencia de enero a junio con 17 casos de mujeres desaparecidas por cada 100 000 habitantes seguida por Quintana Roo con 11 y Jalisco con 5.

Así también, declara el OCNF que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha determinado que existen diversos estados que se identifican como focos importantes en la problemática de trata de personas como lo son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, Guerrero, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Otro documento importante que pretende ofrecer información sobre el feminicidio en México es la investigación “Violencia feminicida en la República Mexicana”, realizada por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

En dicha investigación se informa que más de 6000 mujeres fueron asesinadas entre 1999 y 2005 y que 3 niñas y mujeres fueron asesinadas cada día en los estados de México, Veracruz, Chiapas, Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos. Asimismo en la Ciudad de México en el mismo período fueron asesinadas 743 mujeres.

A los números anteriores, podemos sumarle los cientos de testimonios de familias tocadas por el feminicidio y de las sobrevivientes de este crimen, como es el caso de Nadia Alejandra Muciño Márquez, quien fue asesinada en el 2004 por su pareja sentimental con la ayuda de otro hombre, en presencia de sus hijos e hija en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México, donde uno de los feminicidas fue absuelto del crimen y el otro ni siquiera ha sido juzgado; o como el caso de Lilia Alejandra García Andrade, quien fue raptada en una de las avenidas más transitadas en Ciudad Juárez, a plena luz del día y asesinada en el 2001, sin que hasta la fecha se haya juzgado a alguien por su crimen; también como el caso de Alí Dessiré Cuevas Castrejón, quien fue asesinada por su ex pareja en el 2009, quien junto con su familia, pretendió hacer uso de las influencias políticas de su hermano para evadir el proceso penal, entre las que se encuentran el haber cambiado la foto del procesado en el expediente judicial; así como el reciente caso de Yakiri Rubí Rubio Aupart, una joven que fue raptada y privada de su libertad en un hotel de la Ciudad de México donde fue violada por un hombre que quiso también privarla de la vida, por lo que en un acto de legítima defensa hirió a su atacante quien murió, ahora ella enfrenta un proceso judicial por el homicidio de su violador, y tantos testimonios más que bien podrían parecerse a una película de terror.

Lo anterior nos muestra que se hace urgente poder contar con información georeferenciada con la comisión de delitos violentos contra mujeres que visibilice entre otros aspectos, las zonas de mayor impacto en la comisión de dichos delitos así como las zonas de mayor riesgo para las mujeres, los grupos de edad, los tipos y modalidades de la violencia, entre otras; con la finalidad diseñar programas específicos y realmente eficaces que estén dirigidos a combatirla de forma contundente, desde la prevención, la atención y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas, sin embargo, la prevención de los delitos contra mujeres por razones de género no son una prioridad como lo son los delitos contra la propiedad privada, como el robo, por ejemplo.

Ahora bien, tenemos que cientos de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos han sido emitidas al Gobierno de México relacionadas con la problemática del feminicidio, especialmente por la situación concreta de violencia extrema hacia mujeres y niñas en el norte del país, particularmente, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Dichas recomendaciones han sido dirigidas a instar al Estado para acabar con la impunidad que rodea los crímenes, garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y una adecuada reparación del daño, implementar programas y acciones encaminadas a prevenir y atender la problemática, como lo es contar con información de la situación de violencia contra las mujeres, contar con un marco jurídico que proteja y garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y garantizar que en las instancias de atención se les proporcionen servicios de calidad de forma eficaz y expedita para disminuir la incidencia de la violencia feminicida y el feminicidio.

Una de las más recientes llamadas de atención que ha recibido el Estado mexicano es la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el feminicidio de 3 mujeres halladas en un campo algodonero en el estado de Chihuahua: Gónzalez y otras “Campo Algodonero” vs. México

Donde, el 6 de noviembre de 2001 los cuerpos de 8 mujeres fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez. Tres de los cuerpos fueron reconocidos como los restos de las niñas Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez.

Con el hallazgo de estos cuerpos, así como el de cientos de mujeres que a lo largo de los años habían sido asesinadas en aquella ciudad fronteriza, se colocó la mirada de la sociedad sobre la responsabilidad del Gobierno Mexicano de proteger y garantizar la seguridad de las mujeres en el país, pero también de garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño para las víctimas.

Las madres y familiares de las víctimas exigieron al gobierno conocer la verdad acerca de los asesinatos de sus hijas, sin recibir respuesta alguna; fue así que las organizaciones civiles Asociación Nacional de Abogados Democráticos A. C., Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana y Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A. C., presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado mexicano por haber cometido violaciones a los Derechos de aquellas víctimas, relacionados con la “falta de medidas de protección; la falta de prevención de estos crímenes, pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas; la falta de respuesta de las autoridades frente a sus desapariciones; la falta de debida diligencia en la investigación de los asesinatos, así como la negación de justicia y la falta de reparación adecuada”.

En 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la declaración de la responsabilidad del Estado Mexicano por la violación de Derechos.

Después de un año de proceso, presentación de pruebas y alegatos por las partes involucradas, el 16 de noviembre de 2009 la CoIDH dictó sentencia para el caso.

Dicha sentencia atribuye responsabilidad internacional al Estado mexicano por diversas violaciones a los derechos de las mujeres y niñas -, cuyos cuerpos fueron encontrados en el “Campo algodonero”-, entre los que se encuentran:

  • Derecho a la vida, integridad personal y libertad personal reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación a la obligación general de garantía contemplada en la misma, así como a las obligaciones contempladas en el artículo 7.b y 7.c de la Convención Belém do Pará[5];
  • Incumplió con su obligación de investigar, incurriendo con ello, en violaciones a los derechos de acceso a la justicia y protección judicial consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos;
  • Incumplió el deber de no discriminación contenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el deber de garantía de los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal;
  • Los derechos de los niños consagrados en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y;
  • El derecho a la protección de la honra y la dignidad consagrado en el artículo 11 de la de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Aunado a lo anterior, la CoIDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano por falta de un marco jurídico adecuado para garantizar el derecho a una vida libre de violencia.

Los principales alcances de esta sentencia se centran en:

  1.  La implementación de acciones para la impartición de justicia a las víctimas;
  2.  el reconocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de homicidios de mujeres por razones de género y;
  3.  el desarrollo de jurisprudencia con base en la Convención Belém Do Pará y de criterios en materia de reparaciones con perspectiva de género.

Esta sentencia ha sido un parteaguas para el reconocimiento de las deficiencias en las respuestas del Estado mexicano frente a crímenes cometidos en contra de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua y todo México.

La Corte destaca tres grandes líneas que se significan fallas sistémicas en los procesos de investigación, actitudes discriminatorias de las autoridades y falta de esclarecimiento de los hechos.

Asimismo esta resolución considera el hecho de que las mujeres víctimas presentaron grandes grados de violencia, incluyendo la violencia sexual y que dichos crímenes han sido movidos por una cultura misógina y de discriminación contra la mujer, lo que ha incidido no sólo en los motivos y la forma en la que son cometidos, sino en las respuestas lamentables de las autoridades frente a éstos en cuanto a su investigación, lo que permite que se reproduzca un ambiente de permisibilidad para la perpetuación de la violencia contra la mujer.

La CoIDH, considerando las omisiones en la procuración de justicia a las víctimas y también a las y los familiares de éstas, emitió una serie de recomendaciones para la investigación de los crímenes y la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Es así que la corte en su sentencia planteó la necesidad de incorporar de una serie de protocolos al respecto.

Siendo así, al gobierno y a sus instituciones les corresponde tomar la responsabilidad de cumplir con dicha sentencia, impulsando políticas públicas, programas y acciones de gobierno que promuevan, defiendan y garanticen una cultura de Derechos de las Mujeres, y que dichas acciones deben incidir en la investigación específica, tomando en consideración los lineamientos para hechos similares, lo que implica que el cumplimiento de dicha sentencia se debe considerar para todo el territorio nacional, donde el combate a la violencia hacia las mujeres debe abordarse de una forma integral, considerando acciones de prevención, atención y garantía del acceso a la justicia, para que todas estas acciones tengan como fin último la erradicación de la problemática.

Es necesario que el Estado tome la responsabilidad de garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, incluido el Derecho a una Vida Libre de Violencia y el Acceso a la Justicia, el Derecho a la Verdad y el Derecho a una reparación integral del daño para las mujeres víctimas del feminicidio.

Bajo este escenario, es ya una obligación ineludible de los gobiernos que conforman al Estado mexicano responder y hacerle frente a la violencia contra las mujeres a partir del diseño e implementación de acciones y políticas públicas eficaces, integrales y oportunas para ponerle fin a este flagelo.

Asimismo, esta incorporación de la atención del feminicidio a la comprensión política de la seguridad ciudadana y acceso a la justicia, redimensiona la violencia contra las mujeres como un asunto público que compete a la sociedad entera. Asimismo, visualiza la obligatoriedad de los Estados para detener la impunidad y la violencia extrema en la que estos crímenes ocurren, así como para promover cambios culturales desarrollando políticas y programas destinados a transformar las relaciones entre hombres y mujeres, con el fin de garantizar el derecho a la vida, integridad, seguridad y acceso a la justicia para las mujeres.

Para darle una puntual atención a la problemática de la violencia contra las mujeres, particularmente, a una de sus expresiones más crudas, el feminicidio, es necesario considerar la urgencia de, en primer lugar, continuar con la armonización del marco jurídico vigente en todo el país, de forma general y particular en cada entidad federativa, acorde con lo dispuesto por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres, y garantizar la aplicabilidad de dichas normas, así como crear mecanismos para vigilar su cumplimiento y sancionar su violación.

Del mismo modo es ineludible el diseño e implementación de protocolos especializados de atención acordes a las necesidades específicas de las víctimas por tipo y modalidad de violencia.

Asimismo, para poder lograr llevar a cabo todas aquellas acciones propuestas, es necesario incrementar la etiquetación de recursos y garantizar la eficiencia del gasto en los ámbitos de la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.

Finalmente es igualmente importante eficientar el trabajo de aquellas instancias de atención y acceso a la justicia para mujeres víctimas a fin de que éstas den una respuesta integral, oportuna y eficaz a las necesidades de atención, protección y acceso a la procuración e impartición de justicia, garantizando invariablemente la reparación del daño en términos morales y materiales. Así como eficientar la coordinación intra e insterinstitucional de las dependencias y entidades responsables de brindar servicios de atención y procurar e impartir justicia.


*Consultora en Derechos Humanos de las Mujeres

[1] La misoginia es definida por el Diccionario de la Transgresión Feminista como “una de las manifestaciones del sexismo que se expresa en el odio o repudio de todo lo asociado con las mujeres y lo femenino”.  Gamba Susana Beatriz (2009), Diccionario de Estudios de Género y feminismos, Argentina: Editorial Biblos, pág. 19

[2]Russell, Diana (2006). “Definición de Feminicidio y Conceptos Relacionados”. En Diana E. Russell y Roberta A. Harmes (Eds.) Feminicidio: una perspectiva global

[3]Monárrez Fragoso, Julia 2005. “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares, Ciudad Juárez, 1993-2004”, México. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Doctorado en Ciencias Sociales, pp. 91-92

[4] “Informe Una mirada al feminicidio en México 2010-2011”, México, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Categorías:Mujeres

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